LEY DE DESCONGESTIÓN DE LA JUSTICIA: UNA PRIORIDAD PARA LOS NEGOCIOS

Luis Guillermo Plata
Ministro de Comercio, Industria y Turismo

Múltiples organismos internacionales tales como el World Economic Forum, la Fundación Heritage, el IMD y el Banco Mundial, entre otros, se han dado a la tarea de evaluar el desempeño de varios indicadores que impactan en el clima de negocios, la competitividad y la libertad económica de los países. Esta información, además de constituirse en un valioso elemento para orientar la política pública, es consultada de manera creciente por los inversionistas nacionales y extranjeros y contribuye a inclinar la balanza a favor de un país u otro en los procesos de toma de decisión sobre la ubicación de los capitales productivos.

En los últimos años, Colombia ha venido introduciendo reformas que le han permitido escalar posiciones en esos índices de clima de negocios y constituirse en un destino atractivo para las inversiones que buscan incursionar en los mercados emergentes. El registro más importante del éxito de las reformas realizadas es el índice “Haciendo Negocios” (Doing Business) del Banco Mundial, según el cual el país ocupa el puesto 37 entre 180 economías y ofrece el mejor clima de negocios de América Latina. Colombia, en tan solo tres años, y gracias al trabajo coordinado de las tres Ramas del Poder Público y de los distintos niveles de Gobierno, escaló 46 posiciones en el ranking.

Sin embargo, no todo es color de rosa, y existen temas en los que el país presenta serios rezagos y que también son registrados por el Doing Business: el más grave es la congestión en la justicia. Según el indicador, para lograr el cumplimiento de un contrato en Colombia por medio de un procedimiento ordinario, se requieren 1.346 días, mientras que en Singapur, paradigma mundial en la materia, se necesitan en promedio tan sólo 150 días. El país tampoco sale bien librado en el ámbito regional donde el tiempo promedio de cumplimiento de un contrato es de 712 días. De igual manera, Colombia se destaca en toda la región como el país en el cual resulta más costoso hacer cumplir un contrato.

Existe un consenso nacional sobre la necesidad de fortalecer la Justicia y hacerla más eficiente como prerrequisito para robustecer la democracia y resolver los problemas de violencia que aquejan al país. Sin embargo, los resultados del Doing Business indican también que la congestión en la justicia tiene un impacto negativo en el clima de negocios y de esa manera afecta la inversión y por esa vía el crecimiento económico y la generación de empleo.

Teniendo en cuenta el panorama actual, el Ministerio del Interior y de Justicia presentó a consideración del Congreso de la República, a finales del 2008, un Proyecto de Ley que reforma varios aspectos procedimentales de la administración de justicia, con el fin de atacar los problemas de congestión que la aquejan. Este proyecto, el 255 de 2009 - Cámara, “por el cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial” ya fue aprobado por el Senado de la República después de un amplio debate al interior de la corporación y de continuas y amplias consultas con los actores involucrados en la reforma, especialmente con las altas Cortes.

Este proyecto de Ley otorga instrumentos importantes para mejorar la efectividad de la justicia, racionalización el uso del aparato judicial y aborda temas como la desjudicialización de conflictos, la simplificación de procedimientos y trámites, el desincentivo a los litigantes que, haciendo uso injustificado de los recursos, dilatan los procesos, y la limitación del recurso de apelación bajo el supuesto ampliamente probado de que “más instancias no significan mayor justicia”.

De ser aprobada por la Comisión Primera y la Plenaria de la Cámara de Representantes, antes del próximo 20 de junio cuando vence el término legal para su trámite, esta reforma se sumaría a nuevos instrumentos que hacen más eficiente y accesible la administración de justicia.

Entre ellos se encuentran: el desistimiento tácito; la autorización a los jueces a poner fin a procesos ininterrumpidos por inactividad al cabo de un determinado período de tiempo (perención); la creación de despachos para la descongestión (para tramitar y fallar procesos declarativos asignados por un juez titular); la implementación de planes de descongestión; la creación de juzgados de descongestión para la práctica de despachos comisorios y la implementación inicial de la oralidad civil, entre otras medidas.

En su conjunto, estas medidas no solo permitirán disminuir el volumen de casos inactivos en los despachos y contribuir a la descongestión y democratización de la justicia, sino también a mejorar el clima de negocios del país beneficiando a las empresas nacionales y extranjeras que quieren invertir en Colombia.

El mayor apoyo que ha recibido el proyecto ha provenido de sus ponentes: el representante Zamir Silva, el Presidente de la Comisión Primera de la Cámara, Oscar Arboleda, y el Presidente del Senado, Javier Cáceres.

Confiamos en que la Cámara de Representantes dé prioridad al trámite de esta fundamental iniciativa, con el convencimiento de que, de la agilidad con la que trabaje el Congreso de la República este proyecto dependerá, no solo la posibilidad de tener una justicia más eficiente, sino también, de que Colombia se consolide como el país de mejor clima de negocios en la región y se convierta en un jugador de talla mundial en cuanto a la facilidad para que las empresas nacionales y extranjeras adelanten su actividad productiva.